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La trata de personas con fines de explotación sexual y laboral es el
tercer delito mundial según la Organización Internacional para las Migraciones. Este negocio sucio mueve millones de dólares en el mundo y constituye una violación a todos los Derechos Humanos.
El 18 de mayo de 2004 una vecina mía, de confianza, me prometió trabajo en una empresa petrolera del sur argentino. Como yo estaba en muy mala posición económica y sola con mis chicos acepté. Ahí comenzó el principio del fin. Me llevaron al sur, me secuestraron, me golpearon, torturaron, drogaron y violaron. Estuve 16 días ejerciendo la prostitución en contra de mi voluntad, haciendo todo lo que ellos querían, hasta que logré escaparme de ese infierno, que aún continúa porque yo vivo con el temor de que vengan a buscarme para matarme o de que le hagan daño a mis hijos, porque a nosotras nos dejan así marcadas para toda la vida.”
El relato es frío, oscuro, doloroso, pero seguramente no tan gélido, sombrío y espeluznante como habrá sido vivir cada uno de estos terribles episodios que Norma (39) le cuenta a Info Región con un nudo en la garganta pero con voz fuerte, como queriendo asesinar con cada una de sus palabras a los responsables del infierno que, por desdicha, le tocó vivir.
Ella, como muchas mujeres que aún siguen secuestradas, fue víctima de la trata de personas, de aquella que deja más huellas en el cuerpo y en el alma: la trata con fines de explotación sexual. Literalmente, fue una de las miles de mujeres que en nuestro país, como en el resto del mundo, son reclutadas para transformarse en esclavas sexuales al servicio de una red de prostitución, que puede tener su origen en Argentina o en el exterior.
Hace un mes, el Congreso sancionó la “Ley de Prevención y Sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”, un proyecto que generó polémica y un extenso debate en torno a algunos artículos que, hoy en día, no logran satisfacer a las redes, fundaciones y organizaciones que luchan por la prevención y erradicación de este delito, y en la reinserción social de quienes lo padecieron.
La puesta en el aire de una tira de televisión diaria que refleja el calvario que sufren miles de mujeres en el país sirve para que muchas personas tomen conciencia de que este delito, que pasa desapercibido en la sociedad, que se estructura en silencio y en la sombras, existe y cuenta con la complicidad de grandes intereses económicos y con la tolerancia de una sociedad que, en ocasiones, acepta estas condiciones.
Lo cierto es que la trata sexual, pero también aquella con fines de explotación laboral (sólo basta recordar a los trabajadores bolivianos recluidos en la esclavitud de una fábrica textil de una reconocida marca de ropa juvenil) existen y tienen características que remiten a la esclavitud, abolida en Argentina en 1813.
Tercer delito mundial. La trata de personas es sinónimo de esclavitud, ya sea con fines de explotación sexual, laboral o aun bajo el delito de extracción de órganos, cuestiones que parecen sacadas de una película de terror, pero que hoy existen en Argentina y en todo el mundo.
“La trata es definida como el reclutamiento, traslado, recepción y acogimiento de una persona cuando medien el engaño, la violencia, el abuso y la autoridad con fines de explotación laboral, sexual y tráfico de órganos”, precisa en diálogo con Info Región Viviana Caminos, que es co coordinadora de “Alto al tráfico, la trata y la explotación sexual”, una red nacional fundada en 2006.
Según el Estudio Exploratorio sobre Trata de personas desarrollado en 2006 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimaba en 2005 que a nivel mundial unas 2,4 millones de víctimas de trata estaban trabajando en condiciones de explotación y que cada año se les agregaban 1,2 millones de personas”.
“La situación es grave, el número de víctimas es cada vez mayor”, advierte Mercedes Assorati, que coordina el programa Esclavitud Cero de la fundación El Otro, que recibe denuncias y asesora a familiares de víctimas. “La Fundación hizo una estimación con datos de 2006 y concluyó que las víctimas de trata para la explotación laboral y sexual superan los dos millones de personas en el mundo”, apunta la profesional.
Quienes trabajan para poner fin a la existencia de estas redes mafiosas aseguran a este medio que la trata hoy constituye “el tercer delito más lucrativo a nivel mundial”. Según la OIM, genera ingresos anuales de aproximadamente 32 mil millones de dólares, de los cuales más del 85% proviene del comercio sexual.
“Es mucho más rentable y beneficioso el negocio de la trata sexual que el laboral, aunque este también aumentó en el último tiempo. La esclavitud sexual es un negocio muy redituable con bajo riesgo porque hay mucha impunidad y una legislación que deja en libertad a los proxenetas ya que las víctimas no pueden probar su sufrimiento ante la Justicia porque están muertas de miedo, porque estuvieron mucho tiempo amenazadas, en aislamiento, fueron violadas, drogadas”, apunta Caminos.
Los especialistas aseguran que hoy este delito incluye un 50 por ciento de casos de sometimiento por explotación sexual y un 50 por ciento por trabajo forzoso, siempre con un régimen de esclavitud de fondo.
“La explotación sexual siempre representó la mayor cantidad de casos de trata, pero ahora también creció mucho la explotación laboral por el crecimiento económico. Ésta generalmente tiene lugar en talleres de costura de marcas reconocidas, por eso es que la trata está vinculada a una economía capitalista altamente dinámica y moderna”, apunta a este medio Esteban De Gori, sociólogo y director del grupo de investigación sobre trata de mujeres y niños en Argentina, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y con él coincide Gustavo Vera, que es presidente de La Alameda, una cooperativa integrada por víctimas del flagelo.
“La trata de personas está creciendo en forma geométrica en Argentina, hay más de medio millón de personas que han sido traídas mediante engaños o coacciones para explotación sexual o laboral. Respecto al trabajo esclavo, hace 2 ó 3 años los talleres clandestinos estaban asociados a la feria de La Salada y a un fenómeno marginal, pero este último tiempo de lucha logró demostrar que son las grandes marcas las que están detrás de esta historia”, indica Vera.
“Estamos hablando del tercer delito mundial, en el que están inmersas millones de personas y de ganancias, no hay cinco o diez víctimas, lo que sucede es que no lo estamos viendo porque la sociedad no conoce del tema”, insiste Caminos.
El reclutamiento. Existe una modalidad de reclutamiento, pasos a seguir por estas redes nacionales e internacionales de tratantes que no dejan nada librado al azar. Las víctimas son seleccionadas de acuerdo a la demanda sexual de quienes, conociendo o no el trasfondo del negocio, se trasforman en clientes. El rapto no se produce a la fuerza sino mediante el engaño para lograr un supuesto consentimiento de la víctima. Se les ofrece un trabajo digno, bien remunerado, generalmente en el noreste o el sur argentino. Se las traslada sin costos y ellas aceptan con la fe puesta en las promesas de éxito laboral que les hacen los reclutadores.
Sin embargo, cuando advierten lo que sucede es demasiado tarde y encuentran, quizás bajo el efecto de las drogas, que lo prometido se disipa entre el humo denso del prostíbulo al que fueron trasladadas y en el que son obligadas a brindar sus servicios sexuales bajo la amenaza constante de la muerte propia y la de su familia.
“La modalidad más frecuente es el engaño mediante promesas de trabajo falso, sobre todo de modelo”, apunta Caminos. “A veces se confunde la trata con la prostitución, es necesario aclarar que esta última es ejercida por propia voluntad, pero el tema de la trata es otro porque estas mujeres no quieren ser prostitutas ni ser convertidas en siervas sexuales”, apunta De Gori.
De acuerdo al informe de la OIM, en la dinámica de la trata existe un nivel de organización criminal que incluye actores primarios y secundarios. Entre los primeros figuran los tratantes, que son los regentes de los prostíbulos, los reclutadores, que se dedican a captar mujeres, y los proxenetas, que obtienen ganancias de la explotación sexual de una o más mujeres “de su propiedad” que circulan a través de las distintas instancias de la red, pero que no cuentan con lugares propios para explotarlas.
Como actores secundarios, la OIM ubica a integrantes de las fuerzas de seguridad, representantes del poder político y judicial “que muchas veces facilitan el desarrollo de las actividades de los tratantes mediante la provisión de un conjunto de recursos o protección a cambio de una suma semanal o mensual de dinero”. “Este es un gran negocio para el tratante, pero también para sus cómplices, es decir para algunos oficiales de gendarmería en frontera y policías provinciales y fundamentalmente para la acumulación originaria non sancta de ciertos sectores de la burguesía nacional porque esto es permitido impunemente por sectores del Estado”, asegura Vera.
Según detalla Caminos, la zona de mayor reclutamiento en el país comprende a las provincias del noreste, aunque muchas de las mujeres que son explotadas en territorio argentino también son traídas de Paraguay. “Las chicas que físicamente responden a la demanda del mercado europeo son trasladadas allí, esto también lo hacen con las más obedientes. Las otras, la mayoría, quedan dentro del país y son llevadas a prostíbulos de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y el Sur del país, que son los lugares en los que hay más explotación”, amplía.
Leyes que no ayudan. Hasta hace un mes la legislación que regía sobre trata en el país incluía sólo la adhesión argentina a convenios internacionales que luego deben ser adaptados y aplicados en cada una de las naciones firmantes. Entre ellos el llamado “Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas”, conocido como protocolo de Palermo.
Este convenio define a la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
La ley de trata sancionada hace dos semanas por el Congreso (ver nota anexa) no satisface las demandas de las organizaciones que luchan contra el delito. La polémica se desató en torno al artículo 2 de la iniciativa convertida en ley, que postula que las víctimas de trata mayores de 18 años deberán probar que no consintieron ser esclavas o esclavos, es decir que la víctima debe demostrar que padeció todos los delitos que detalla el protocolo para poder condenar a su tratante.
El rechazo de las organizaciones no se hizo esperar y la mayoría de ellas pidieron el veto de la ley a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner alegando que la norma no protege a las víctimas y que, por el contrario, le atribuye más garantías a quienes se benefician con el negocio de la trata.
“El protocolo de Palermo tiene una definición de trata en la que se pusieron de acuerdo 189 países, pero no tipifica. Esto debe adaptarse a la situación en cada nación, nosotros en Argentina tenemos muchas víctimas y la mayoría no tiene conciencia de explotación”, apunta Assorati, y agrega: “A esto se le suma que las víctimas están amenazadas, no sólo ellas sino sus familias y, por lo tanto, que haya que probar que una persona fue engañada, amenazada, violentada y abusada complica muchísimo la situación de seguridad de las víctimas. Si para que se configure el delito tengo que probar esos medios que se utilizaron para someter a la persona, estos no son considerados agravantes y la ley complica la posibilidad de que los tratantes estén procesados”.
“En el caso de la trata laboral esto es peor porque los trabajadores bolivianos que viven muy mal en su país a veces aceptan condiciones de esclavitud con tal de ganarse el sustento y terminan diciendo que están ahí, bajo ese régimen de esclavitud, porque quieren”, agrega Assorati.
Una cultura con parte de responsabilidad. Es cierto que estas redes de tráfico y explotación de personas se manejan en las sombras, a espaldas de la sociedad civil. Pero, según De Gori, también lo es el aumento de la demanda de sexo pago y los nuevos estereotipos que tiene la sociedad argentina a la hora de realizarse sexualmente.
Según el sociólogo De Gori, “los valores de la sociedad argentina muchas veces posibilitan la trata”. “Basta con ver las páginas de internet pornográficas con estereotipos de mujeres aniñadas”, resalta, y apunta el carácter privado del sexo como facilitador de la invisibilidad que recubre a estas organizaciones. “La ambición de invisibilidad que tienen las propias organizaciones criminales se ve favorecida por la invisibilidad que supone el sexo como algo privado, por lo cual la detección, la prevención y la represión sobre estas organizaciones criminales es compleja. Los clientes no dicen ‘fui a un prostíbulo’ y muchas veces no saben que están convirtiendo a una mujer en sierva sexual, es decir que no le pagan a la mujer por un servicio que esta dispuesta a brindar”, indica.
El desconocimiento de la situación es grande. Tal ignorancia no hace más que favorecer a quienes sacan provecho de un negocio millonario que incluye violaciones a los Derechos Humanos parangonables a las que existieron en épocas de dictadura y que seguirán manifestándose en tanto el Estado no estructure una política de seguridad y prevención efectiva y la propia sociedad no deje de lado la confusión entre los términos trabajo en negro y prostitución con los de explotación laboral y esclavitud sexual.
Cintia Vespasiani
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Por Mariana Carbajal
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