Informe 2008 sobre Trata de Personas
[rednoalatrata]
Publicado por la Oficina para el Monitoreo y Lucha contra el Tráfico de Personas
4 de Junio de 2008
(traducción no oficial)
ARGENTINA (Categoría 2- Lista de Observación)
Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres
y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación
sexual comercial y trabajo forzado. La mayor parte de los casos de
trata de personas se desarrollan dentro del país, desde las zonas
rurales a las urbanas, con fines de prostitución. El turismo sexual
infantil es un problema, especialmente en la zona de la triple
frontera. Asimismo, las mujeres y niñas argentinas son trasladadas a
países limítrofes, a México y Europa Occidental con fines de
explotación sexual. Las mujeres y niños extranjeros, principalmente
provenientes de Paraguay, Brasil y la República Dominicana son
trasladados hacia Argentina con propósitos de explotación sexual
comercial. Argentina también constituye un lugar de tránsito para las
mujeres y niñas extranjeras trasladadas hacia Chile, Brasil, México,
España y Europa Occidental con fines de explotación sexual comercial.
Una cantidad significativa de ciudadanos bolivianos, peruanos y
paraguayos son ingresados al país para realizar trabajos forzados en
talleres clandestinos, en agricultura y servicio doméstico.
Informaciones esporádicas han sugerido que un número creciente de
inmigrantes chinos puede ser ingresado en el país con fines de
explotación laboral en supermercados de propiedad de ciudadanos de
origen chino.
Los casos informados de trata de personas han aumentado en Argentina,
lo cual puede deberse a una creciente concientizació n pública sobre
esta cuestión como así también a la mayor cantidad de personas que
migra hacia el país, algunas de las cuales son vulnerables a la trata.
El gobierno argentino no cumple totalmente con los estándares mínimos
para eliminar la trata de personas; no obstante ello, lleva a cabo
esfuerzos significativos en este sentido. Si bien se ha observado
cierto progreso, Argentina permanece en la Categoría 2 de la Lista de
Observación por tercer año consecutivo debido a que no ha demostrado
haber aumentado los esfuerzos para combatir la trata de personas;
particularmente en términos de proveer asistencia adecuada a las
víctimas y reducir la complicidad oficial en este tema; en especial a
nivel provincial y local. Si bien el Congreso demostró avances al
aprobar legislación nacional muy necesaria y sin precedentes contra la
trata de personas, algunas ONG han manifestado preocupación con
respecto a la posibilidad de que la nueva legislación pueda resultar
limitada en términos de proveer adecuada protección legal para las
víctimas adultas de la trata y castigo apropiado para los responsables
de este delito. No obstante, los funcionarios gubernamentales
manifiestan poseer las herramientas legales necesarias para enfrentar
los delitos de trata de personas a nivel nacional. La implementació n y
asignación inmediata de recursos para la nueva legislación contra la
trata debería colaborar con los esfuerzos gubernamentales.
Recomendaciones para Argentina:
Aplicar firmemente todas las disposiciones de la nueva ley federal
contra la trata de personas, intensificar y acelerar los esfuerzos
para procesar a los tratantes, aumentar los esfuerzos de
investigación, procesamientos y condena de funcionarios públicos que
facilitan la trata, incrementar la asistencia y protección de las
víctimas y mejorar la recolección de datos relacionados con delitos de
trata. A fin de responder a las críticas sobre la nueva ley nacional,
implementar dicha ley de manera de dejar claro que los fiscales no
necesitan probar la falta de "asentimiento" o "consentimiento" por
parte de las víctimas adultas de la trata además de la existencia de
los elementos constitutivos de la figura penal o, si esto fuera
imposible, revisar la ley a tales efectos, en concordancia con los
requisitos del Protocolo de la ONU del año 2000 sobre la Trata de
Personas.
Procesamiento
El gobierno produjo avances en sus esfuerzos de aplicación de leyes
contra tratantes durante el período informado. En abril de 2008, el
Congreso de Argentina aprobó una ley nacional sin precedentes a los
fines de prohibir todas las formas de trata de personas y estipulando
penas de tres a quince años de cárcel. Las penas mencionadas son lo
suficientemente severas y fueron mayores a las previstas para otros
delitos graves como la violación. No obstante, algunos representantes
de ONG han cuestionado el alcance de esta nueva ley a los efectos del
cumplimiento de las obligaciones de Argentina en virtud del Protocolo
de la ONU del año 2000 sobre la Trata de Personas; en particular, con
respecto a la penalización de delitos de trata contra víctimas
adultas. Son de especial interés las disposiciones que distinguen
entre delitos cometidos contra víctimas de 18 años o menores y delitos
contra víctimas adultas; lo que para algunos se interpreta como que en
este último caso los fiscales deben proporcionar pruebas de que las
víctimas adultas no "consintieron" la trata. No obstante lo expuesto,
durante el período informado, y debido a la ausencia de una ley
nacional, la mayoría de los casos relacionados con la trata tramitaron
judicialmente a nivel provincial y aún así los conflictos de
competencia entre autoridades federales y locales obstaculizaron la
capacidad de Argentina para condenar y castigar a algunos tratantes.
En septiembre de 2007, la ciudad de Buenos Aires legisló sobre la
trata de menores a nivel local, de manera de poder juzgar dichos casos
dentro de su ámbito de competencia, y se establecieron unidades
policiales especializadas contra la trata en las provincias de Tucumán
y Santa Fe. En diciembre de 2007 se desarticuló un programa contra la
trata lanzado por el Ministerio de Justicia en julio de 2007, que será
reemplazado por un nuevo programa nacional para combatir la trata de
personas y que entrará en vigencia con la implementació n final de la
nueva ley nacional contra la trata de personas.
Los funcionarios gubernamentales no pudieron proporcionar datos ni
información completa sobre los procesamientos contra tratantes durante
el año 2007; la falta de promulgación de una ley nacional contra la
trata de personas impidió la recolección de datos y estadísticas a
nivel nacional y dificultó la evaluación de los esfuerzos argentinos
en el combate de la trata de personas. No obstante ello, datos
circunstanciales obtenidos de informes periodísticos y entrevistas con
funcionarios provinciales indican que los gobiernos provinciales
dispusieron al menos 10 condenas relacionadas con casos de trata
durante el período informado, con sentencias que oscilaron entre 4 y
17 años de cárcel; lo cual revela un aumento en los esfuerzos en
comparación con datos del año anterior. En junio de 2007, tribunales
de Córdoba condenaron a tres hombres y dos mujeres acusados por su
involucramiento en reducción a servidumbre, promoción de la
prostitución y abuso sexual. Los acusados recibieron condenas de
prisión. En diciembre de 2007, tribunales de Misiones condenaron a
cinco acusados de promover la prostitución infantil como parte de un
negocio familiar; los acusados fueron condenados a penas de prisión
que oscilaron entre tres y seis años. Asimismo, los gobiernos
provinciales y la ciudad de Buenos Aires continuaron con una serie de
investigaciones relacionados a casos de trata y aún se encuentra
pendiente la acusación formal en diversas causas. En Buenos Aires, los
fiscales continúan investigando una causa internacional en la que
están involucradas ocho mujeres dominicanas que habían sido
introducidas en un burdel después de promesas de trabajo como mozas;
la policía allanó el lugar en febrero de 2007 después de que una de
las mujeres fuera hospitalizada y denunciara su explotación. En
octubre de 2007, la policía investigó una denuncia por parte de una
joven víctima y detuvo a seis hombres y tres mujeres en la provincia
de Buenos Aires sospechados de abuso sexual y prostitución de menores
de entre 4 y 17 años de edad. Las personas detenidas eran parientes de
los menores e incluían a los padres, tías y tíos. Una víctima acusó a
los sospechosos de filmarla mientras se la explotaba sexualmente y de
distribuir luego el material; asimismo, denunció que sus padres
organizaban "fiestas sexuales" en las que se sometía a los menores a
explotación sexual por parte de miembros de la familia y otros
"clientes".
En diciembre de 2007, la policía y fiscales argentinos cooperaron con
las fuerzas de seguridad de Bolivia al detener al propietario de un
taller clandestino acusado de violar una niña de 12 años y forzarla a
trabajar; aún se encuentra pendiente la acusación formal. En febrero
de 2008, autoridades judiciales abrieron un proceso contra ocho
sospechosos de haber operado una red de prostitución infantil; la
causa involucró la muerte de un niño de 12 años. Asimismo, los
fiscales continuaron investigando la complicidad policial y de
funcionarios en un caso en el que 37 mujeres fueron rescatadas de un
burdel en la provincia de Chubut. Se presentaron acusaciones formales
contra dos ex policías, cuatro ex funcionarios públicos y dos
propietarios de burdeles; si bien sólo los dos propietarios permanecen
bajo prisión preventiva. Según organizaciones no gubernamentales y
organismos internacionales, existe complicidad por parte de algunos
miembros de las fuerzas de seguridad del país en las actividades de
trata de personas. La gran mayoría de estas denuncias han sido
realizadas contra las fuerzas provinciales en comparación con las
nacionales. Se ha informado sobre funcionarios de policía que poseen
burdeles o que brindan protección a tratantes a cambio de coimas,
servicios sexuales, alimentos y bebidas alcohólicas. Durante las
inspecciones regulares por parte de la policía a cabarets y bares,
algunos funcionarios pasan por alto potenciales situaciones de trata
(y víctimas) o advierten a los propietarios de burdeles de operativos
policiales inminentes. Otros funcionarios pertenecientes a fuerzas de
seguridad locales han intimidado o sobornado a testigos para cambiar
su declaración. Debido al nivel de corrupción informado en muchas
fuerzas policiales provinciales, algunos jueces han ordenado que las
fuerzas federales llevaran a cabo inspecciones a bares, en lugar de
utilizar a la policía local.
Protección
El gobierno ha realizado esfuerzos insuficientes para asistir a las
víctimas durante el período informado y dependió de las organizaciones
no gubernamentales y organismos internacionales para brindar la mayor
parte de la asistencia a las víctimas de la trata. El gobierno no
cuenta con refugios para las víctimas de trata de personas y un
pequeño centro de este tipo que existía en Puerto Iguazú cerró debido
a la reducción de los fondos provistos por el gobierno. Las oficinas
gubernamentales derivan a las víctimas de trata a otros refugios, en
la medida que haya espacio disponible. La calidad y nivel de la
atención brindada a las víctimas varía según la provincia. A nivel
nacional, la oficina del Procurador General de la Nación coordinó la
política de asistencia a las víctimas y ofreció a aquéllas que
deseaban iniciar acciones contra los tratantes acceso a tratamiento
médico y psicológico, asistencia letrada y derivación a otras fuentes
de ayuda. En abril de 2007, el gobierno amplió una línea telefónica de
asistencia para denunciar casos de violencia y asistir a las víctimas
de la trata, a través de la cual se derivaron más de 100 denuncias a
la Procuración General de la Nación. Las autoridades de Argentina
alientan a las víctimas a colaborar con la investigación y tramitación
de la causa contra los tratantes pero algunas víctimas son renuentes a
hacerlo debido a la vergüenza o temor de represalias por parte de los
tratantes. A través de una mayor capacitación para la policía y
fiscales y jueces en técnicas sensibles de interrogación de víctimas
se alentaría a las víctimas a enfrentarse y denunciar a los tratantes,
al tiempo que se les brinda más apoyo gubernamental o a través de las
ONG durante los procesos judiciales. En el mismo sentido, establecer
un programa seguro de protección a testigos, conforme lo dispone la
nueva ley contra la trata de personas, sería de ayuda para todas las
gestiones relacionadas a la tramitación de la causa. Durante el
período informado, el gobierno nacional brindó ayuda limitada a las
ONG que trabajan para erradicar la trata de personas. El gobierno no
identificó en forma sistemática y proactiva a las víctimas de trata
entre las poblaciones vulnerables como por ejemplo, mujeres
prostituidas en burdeles o detenidas por delitos. Se registraron
informes sobre víctimas que fueron enviadas a la cárcel o que fueron
sancionadas de algún otro modo por actos ilícitos cometidos como
consecuencia directa de haber sido objeto de la trata. Si bien el
gobierno no otorga una visa formal para víctimas de trata de origen
extranjero, en general estas víctimas no son deportadas. Además, los
ciudadanos de Estados miembro del MERCOSUR o estados asociados pueden
obtener residencia temporaria en Argentina en virtud de la ley de
inmigración argentina.
Prevención
El gobierno ha continuado con las actividades de prevención durante el
período informado. En octubre de 2007 se dictó un decreto provisorio
del poder ejecutivo para coordinar los esfuerzos contra la trata de
personas por parte del gobierno nacional y organizaciones no
gubernamentales, proporcionar asistencia a las víctimas y establecer
una línea telefónica de atención en el ámbito nacional; entre otras
medidas. Estas reformas dispuestas por el ejecutivo deberían entrar en
vigencia con posterioridad a la implementació n de la ley nacional
contra la trata de personas. El gobierno ha brindado apoyo a una
campaña de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones)
contra la trata de personas, exhibida en la televisión pública y en un
circuito cerrado de televisión en los subterráneos de Buenos Aires en
la que se advierte a los ciudadanos sobre los peligros de la
explotación sexual y laboral. Uno de los spots explicaba cómo los
"clientes" de burdeles pueden informar sobre supuestas actividades
relacionadas con la trata de personas. En un esfuerzo por reducir la
demanda de servicios sexuales a cambio de dinero, la ciudad de Buenos
Aires y la OIM siguen implementando una campaña publicitaria titulada:
"Sin Clientes No Hay Prostitución" . Asimismo, el gobierno proporcionó
material informativo a cámaras locales de turismo, en particular, en
la zona de la triple frontera, para prevenir el turismo sexual
infantil. La Ciudad de Buenos Aires continuó con la campaña de
prevención contra la explotación laboral titulada: "Trabajo Esclavo
Mata". La campaña informa sobre un sitio en Internet y una línea
telefónica a través de los cuales los ciudadanos pueden brindar
información sobre supuestos talleres clandestinos. Gracias a una mayor
cobertura por parte de los medios y a los esfuerzos por parte de las
ONG y el gobierno, la concientizació n pública con respecto a los
peligros de la trata de personas en Argentina parece estar en aumento.
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